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2015-07-15
Perú pudo ahorrar mucho más en compra de atazanavir

Como un logro definió el Ministerio de Salud de Perú la reducción del precio de atazanavir en 35 por ciento, luego de un año de negociaciones. Para las organizaciones de sociedad civil, que continuarán sus acciones para lograr el otorgamiento de la licencia obligatoria, es la abdicación de la salud frente al comercio.

Desde finales del año 2013, diversas organizaciones de la sociedad civil, activistas por el acceso a medicamentos y personas con VIH pusieron en marcha acciones dirigidas a que el país otorgara una licencia obligatoria para atazanavir. Con ella, y la consecuente entrada en el mercado de alternativas genéricas, el precio del medicamento podría haberse reducido hasta en 75%.

El último viernes, abdicando de su rol de garante del derecho a la salud, el Ministerio de Salud dejó el camino de la licencia obligatoria y pactó un precio para la adquisición del medicamento en cuestión con el laboratorio Bristol – Myers Squibb.


Intervención pública en el Día Mundial de lucha contra el sida, 2013

Como un “histórico avance en la reducción del precio de las medicinas” ha definido el Ministerio de Salud (MINSA) en un comunicado de prensa el precio alcanzado en las negociaciones con la farmacéutica, que equivale a 35% de descuento respecto del precio pagado el año pasado.

La mirada desde la sociedad civil
Si bien es cierto que la reducción alcanzada en un año de negociaciones permitirá un ahorro de alrededor de 5.1 millones de nuevos soles (1.7 millones de dólares), las organizaciones y voceros de la sociedad civil han señalado que el descuento no es significativo si se compara al precio que podría alcanzarse con una licencia obligatoria.

“Con esta compra el Minsa ha claudicado y el ministro de salud se ha apartado de sus principios y su defensa de la licencia obligatoria como mecanismo soberano para proteger el derecho a la salud”, señaló a Corresponsales Clave Javier Llamoza, coordinador de Acción Internacional para la Salud (AIS).

Según Llamoza, Humax, un productor colombiano que comercializa una versión genérica del medicamento, había ofrecido la tableta al Perú por un precio US$ 2,32; muy por debajo de los US$ 6,77 que pagará por cada una de las 499 mil pastillas que comprará para cubrir la terapia de más de 1800 personas con VIH hasta inicios del próximo año.

Llamoza también puntualizó que si bien se tiene evidencia concreta de la oferta de Humax, se conoce que otros proveedores -de India- habrían ofrecido el producto por debajo de los dos dólares. El mercado de competencia habría significado un ahorro de 75 por ciento, es decir, el Perú habría podido ahorrar 2.2 millones de dólares más.

En un país donde todavía existen muchas enfermedades que no están cubiertas por el Estado y miles de personas se empobrecen por los gastos en salud o simplemente mueren, no podemos darnos el lujo de regalar más de dos millones de dólares.

Algo que se cuestiona el coordinador de AIS es cuál será el camino en adelante y si acaso Anibal Velásque, el ministro de salud, claudicó ante la agenda del comercio y se alejó de sus propios principios que lo llevaron a defender la licencia obligatoria como un derecho soberano.

Estado contra Estado: salud desamparada
En días pasados se hizo evidente el enfrentamiento entre el Ministerio de Salud y otras instancias del gobierno como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio y Turismo (MINCETUR), el Ministerio de Justicia (MINJUS) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección Propiedad Intelectual (INDECOPI); mientras que los últimos defendieron el comercio y la protección de la inversión extranjera, el primero se quedó solo en la defensa del derecho a la salud.

Como resultado de este enfrentamiento y una evidente priorización de otros temas por encima de la salud de los peruanos y las peruanas, el Perú deberá invertir 2 millones de dólares más por un medicamento.

Camino por delante
Las organizaciones de la sociedad civil involucradas seguirán trabajando por la mejor inversión de los recursos públicos. Según señaló Javier Llamoza, la compra abastecerá al país por un tiempo más o menos breve, lo que mantiene abierta la ventana de la licencia obligatoria.

“No ha quedado claro qué sucederá con el decreto supremo que planteaba la licencia obligatoria, las compras son para ocho meses, así que hay que seguir insistiendo”, señaló Llamoza.

La Licencia obligatoria es un mecanismo legal que le asiste a los gobiernos para generar competencia y reducir los costos de un medicamento; con ella se logra invertir más juiciosamente los recursos de todos los ciudadanos.

Fonte:
Lídice López Tocón
Corresponsales Clave