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2010-12-09
LACCASO firma carta a la gobernadora de Yucatán

Nuevas firmas pueden ser enviadas a apoyochepo@dvvimss.org.mx

Sigue el texto de al carta firmada por LACCASO.

IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE

Señora Gobernadora.

Las Organizaciones de Personas Viviendo con VIH, Organizaciones de la
Diversidad Sexual, Organizaciones de Derechos Humanos nacionales e
internacionales solicitamos su intervención a fin de que cesen la
amenazas por parte de la Policía Judicial del estado en contra de los
defensores de derechos humanos de las personas con VIH.

-HECHOS-

La noche del pasado 4 de diciembre, cuatro personas que se identificaron
como agentes de la Policía Judicial del estado de Yucatán, pertenecientes
a la Procuraduría General de Justicia, detuvieron arbitrariamente,
incomunicaron, golpearon y amenazaron a José Ricardo Maldonado Arroyo,
Director de la Red de Personas Afectadas por VIH A.C. (Repavih).

Los hechos sucedieron cuando los presuntos agentes judiciales movilizados
en al menos dos vehículos, después de haber acudido a las oficinas de
Repavih buscando al director de esta asociación civil, se apersonaron en
una reunión privada realizada en un domicilio de la Colonia Miguel Alemán
de la ciudad de Mérida para exigirle a Maldonado Arroyo información sobre
una persona a la que la Policía buscaba. Los policías, uno de los cuales
se identificó como Israel Pech, portaban chalecos con las siglas de la
Procuraduría General de Justicia del estado y requirieron a Maldonado
Arroyo que saliera del domicilio en cuestión.

Una vez fuera, y a pesar de no contar con orden judicial que justificara
la detención, lo tiraron al suelo, lo esposaron, lo golpearon y, a punta
de pistola, lo subieron a un automóvil Mazda negro, al mismo tiempo que
golpearon, amenazaron e intentaron detener también a otro miembro de la
asociación, Alex I. Mena Contreras. En el vehículo le taparon la cara a
José Ricardo Maldonado Arroyo con su propia camisa e iniciaron un
recorrido, en el cual lo cambiaron cuando menos en 4 ocasiones de
automóvil. Durante todo el trayecto, los policías interrogaron a Maldonado
Arroyo sobre el paradero de una persona a la que él no conocía, así como
sobre las actividades de Repavih. Ante la imposibilidad de Maldonado
Arroyo de responder sobre el paradero de esa persona, los policías lo
golpearon en rostro, espalda y estómago y lo amenazaron de distintas
maneras, incluyendo intimidación de carácter sexual en clara alusión a la
labor que realiza Repavih.

Posteriormente lo trasladaron a lo que parecían unas oficinas, en donde
continuaron interrogándolo, amenazándolo y golpeándolo para que señalara
el paradero de la citada persona, a pesar de insistir en que no la
conocía.

Finalmente y después de más 5 horas de mantenerlo detenido arbitrariamente
e incomunicado, lo dejaron frente a su domicilio, alrededor de las 3 de la
mañana del día 5 de diciembre, no sin antes amenazarlo de que si
denunciaba “iban a proceder en contra de él” “que ya lo tenían ubicado a
él y a su familia” Cabe resaltar que los policías en cuestión le
retuvieron su credencial para votar, y le sustrajeron dinero.

Los hechos anteriormente narrados fueron denunciados por Maldonado Arroyo
la misma madrugada del día 05 de diciembre ante la agencia octava del
Ministerio Público según consta en las averiguaciones previas número:
1824/7A/2010 y 1824/8A/2010. De igual manera, se solicitó, desde el
momento en que fue detenido e incomunicado, la intervención de la Comisión
de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), quien ya tiene
conocimiento del caso.

La violenta y arbitraria detención, incomunicación y maltrato físico y
psicológico sufrido por Maldonado Arroyo constituye una grave violación a
las garantías constitucionales de una persona cuya labor en los últimos
años ha consistido en defender los derechos de las personas afectadas por
el VIH/Sida. La utilización de métodos ilegales por parte de la Policía
Judicial del estado exhibe la incapacidad de la Procuraduría de Justicia
para realizar investigaciones apegadas a derecho y la persistencia de
prácticas que son incompatibles con un estado democrático de derecho.
Además, y en este caso, implican un ataque directo a un defensor de
derechos humanos y a la labor que realiza Repavih.

Señora Gobernadora por todos los hechos anteriormente descritos,
demandamos en términos de artículo 8º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos se realice una investigación seria, imparcial y
expedita sobre los hechos, solicitamos, también, se garantice la
integridad y seguridad personal del C. José Ricardo Maldonado Arroyo y de
su familia.

Por los antecedentes citados, hacemos responsables al Gobierno del estado
de Yucatán, y especialmente a la Procuraduría General de Justicia del
estado de cualquier suceso que atente contra la integridad y seguridad
personales del C. José Ricardo Maldonado Arroyo, de su familia y, de los
otros integrantes de la Red de Personas Afectadas por VIH, en razón de que
se ha denunciado oportunamente la situación de riesgo que se presentado.

Atentamente